Hoy por hoy

Históricamente, la jurisdicción fiscal panameña consideró a la evasión fiscal como una falta administrativa, sujeta a sanciones monetarias. Este marco legal ha impedido la colaboración de las autoridades en investigaciones criminales internacionales que han tenido por objeto castigar esta práctica. Crear el delito de evasión fiscal como un nuevo tipo penal será traumático para nuestra industria de servicios financieros. Pero no hacerlo es arriesgarse a que el país pierda sus corresponsalías bancarias, y entremos en nefastas listas internacionales.De lo que se trata es de establecer las salvaguardas y garantías de que este mecanismo no será utilizado políticamente para perseguir a opositores y críticos. Semejante cambio administrativo requiere de un cuerpo especializado de investigadores, fiscales y jueces, todos los cuales deben tener la garantía de estabilidad profesional y de un tribunal de integridad, para evitar los deshonrosos nombramientos y destituciones de a dedo. La tarea pendiente de tipificar el delito de evasión fiscal requiere de madurez y de mucha responsabilidad del gobierno actual.