Hoy por hoy

Los renglones torcidos de la justicia panameña parece que solo sirven para escribir la palabra impunidad. Seis fiscales superiores se quejaron con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la conducta de una de sus jueces. Por tres años, el Juzgado Decimoquinto Penal del Primer Distrito Judicial mantuvo el expediente del caso del exministro de Economía y Finanzas Frank de Lima, investigado por supuesto peculado agravado. Un incidente de nulidad que buscaba negar la indagatoria del exministro fue fallado a favor, no por el juez Leslie Loaiza, sino por una jueza encargada, Dalys Sánchez, quien estaba confesa de haber cometido un delito cuando trabajaba en el Ministerio Público. Así se ordenó el archivo de uno de los casos de alto perfil investigado en tiempos recientes. No importó el esfuerzo dedicado ni la expectativa de justicia de la ciudadanía. Incluso, para todos los procesados por casos de corrupción, siempre lo mejor es que se declare su inocencia en un juicio, y no que por vía de un subterfugio, o una jueza éticamente incompetente, obtenga su libertad. Es inaceptable que personas altamente cuestionadas sean las que tengan en sus manos decisiones clave para la integridad de la sociedad.