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El proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción está a la espera de que la Asamblea Nacional le dé el trámite de rigor, luego de que el presidente Juan Carlos Varela lo vetara. Desde hace dos meses, la Comisión de Gobierno ha tenido el proyecto engavetado y para su presidente, Rubén De León, este no parece ser una prioridad. Es imperdonable que a estas alturas del periodo legislativo todavía esta discusión no esté en la agenda prioritaria de la Asamblea, cuyos integrantes parecen estar más preocupados por sus respectivas campañas políticas que por cumplir la labor para la cual fueron electos en 2014. El país necesita a gritos herramientas legales que permitan tanto a fiscales como a jueces procesar y enjuiciar a aquellos que cometan graves delitos en contra de la cosa pública. Quizás si los diputados entendieran que el mejor mensaje que pueden enviar a sus electores es demostrar que con la aprobación de iniciativas como esta -y no con discursos demagógicos- asumen un compromiso frontal en contra de la corrupción. Solo así, y no con campañas costeadas con fondos públicos que pretenden maquillar su imagen, lograrían comenzar a recuperar la confianza que han perdido.

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