Hoy por hoy

La consigna en contra de la reelección de los diputados no es el producto de una campaña organizada, ni está respaldada por gremios, asociaciones, empresas o alguna entidad específica. El reclamo social contra la corrupción y el clientelismo es orgánico y, por lo tanto, constituye una expresión pura del sentir de la ciudadanía. No sorprende que una diputada recurra al Tribunal Electoral para solicitar que se investigue la supuesta campaña; lo que asombra y entristece es que los voceros de esa entidad consintieran dichas gestiones. Esto significa censura de la libre expresión y del pensamiento. ¿Qué seguirá? ¿Acaso se opondrán y pedirán castigo a quienes pidan que no se vote por los corruptos? Ayer, en el pleno de la Asamblea, otro diputado dijo que los medios exageraban sus coberturas de lo que ellos hacen, porque eso vendía ejemplares y daba sintonía. No son capaces de reconocer la verdad, sus acciones y su opacidad son sus peores enemigos, y solo recordar esto les daña sus campañas. Los ciudadanos tenemos el derecho de opinar y criticar a las autoridades. El Tribunal Electoral debe decidir si está con la democracia.