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Originalmente, el proyecto de ley 393 pretendía llenar un vacío regulatorio, que actualmente permite abusos e irregularidades en la gestión de los servicios de terapias y tratamientos estéticos invasivos. Sin embargo, detrás de las iniciativas más loables, los diputados de la Asamblea Nacional suelen encontrar formas de incluir camarones legislativos perniciosos y nocivos para la sociedad. Al proyecto 393 se le hicieron 50 modificaciones, que en la práctica derogarían normativas técnicas del Ministerio de Salud, que incluyen el régimen de formación de los médicos especialistas del país. Esta propuesta no solo cambia el sistema de hospitales docentes y debilita el estricto régimen académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, sino que pondría en riesgo toda la atención de salud del país, colocándola en la balanza mercenaria del mejor postor. La alta calidad de los profesionales médicos panameños ha sido el resultado de un sistema de formación fundamentado en la práctica supervisada de las residencias médicas. Sustituirlas por diplomados o por papelitos es un craso error que no podemos tolerar.

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