Cuando se aprobaron incentivos para la generación eléctrica a través de fuentes renovables, quedaron establecidas reglas claras que motivaron emprendimientos que han resultado en la instalación de varias plantas fotovoltaicas en el país para uso comercial y también para uso residencial. Pretender ahora cambiar las reglas de la industria en detrimento de quienes han hecho inversiones en ese sector envía un inequívoco mensaje de inseguridad jurídica. Esta actitud también nos revela la errática política de Estado en esta materia. Los cambios que se pretenden introducir para eliminar los incentivos de un sistema que genera energía limpia no solo es un desatino, sino que crea una competencia desleal, por ejemplo, con la generación térmica, que no paga impuestos por la introducción de los combustibles fósiles, materia prima para la producción de energía eléctrica. Pero lo más cuestionable es que las autoridades prefieren otras fuentes de generación sobre las limpias, desaprovechando nuestras propias potencialidades, suficientes para cubrir buena parte de la demanda nacional. Las reglas que permiten el desarrollo de plantas fotovoltaicas no deben ser cambiadas en este momento. Hacerlo es despreciar nuestros propios recursos.
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30 jul 2018 - 05:00 AM
