Hoy por hoy

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en junio de este año, debió recibir la devolución de 548 millones de dólares producto de fondos que le fueron adelantados al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio que se encargó de la construcción del tercer juego de esclusas. Este monto no ha sido devuelto aún, debido a un arbitraje impulsado por GUPC. Otros 288 millones de dólares, que también fueron parte de esos adelantos, se encuentran en litigio. Dos años después de la inauguración del Canal ampliado, la ACP continúa su labor de evitar los sobreprecios, pero además intenta recuperar sus fondos y de esta forma no incurrir en pagos adicionales a los que ya ha tenido que hacer. En contraste, el Gobierno vuelve a realizar contrataciones como la del cuarto puente sobre el Canal, cuyo carácter opaco hace muy difícil que el Estado evite el despilfarro, los sobreprecios, y se haga complicada la recuperación posterior del dinero de los panameños. Las dinámicas de los megaproyectos impulsados por una agenda politiquera terminan confirmando el viejo adagio de que lo barato sale caro, y ese precio lo pagamos todos. Sin excepciones.