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A paso de procesión, la audiencia de la fase intermedia del caso de los pinchazos avanza intermitentemente. Mientras el lujoso equipo de la defensa legal del exmandatario Ricardo Martinelli continúa haciendo todo lo posible para dilatar, por vía de necios e inútiles recursos, la acción de la justicia, el reo continúa arropándose con una manta e invocando una supuesta violación a sus derechos humanos. En ningún momento sus brillantes abogados argumentan su inocencia, quizás porque esperan que el caso no llegue a juicio, o porque el Trespatines criollo sea tan ingenioso que se pueda zafar de esta situación. Lo que no es burla ni sorna es la cantidad absurda de tiempo que pierde la Corte Suprema de Justicia atendiendo, con cuchara de plata, al magnate metido a político. Mientras tanto, el país se encuentra en zozobra esperando el fallo que emitirá el pleno de la Corte -en manos de cinco magistrados suplentes- sobre la competencia de este órgano para continuar conociendo del proceso. A los magistrados titulares, la decisión de sus suplentes no les exime de responsabilidad alguna; el país los mira.

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