Hoy por hoy

La Asamblea y el Ejecutivo se han unido –en una de esas extrañas ocasiones- para modificar el Código Fiscal y así permitir la deducción del impuesto sobre la renta a favor de los contribuyentes que incurren en gastos escolares. La iniciativa pretende aliviar la carga a aquellos padres de familia que hacen una inversión y sacrificio para enviar a sus acudidos a una escuela particular. La educación privada cumple con un noble principio de ofrecer competencia, innovación y un mejor servicio que la educación oficial. Si el Estado cumpliera a cabalidad con su deber constitucional de gestionar un sistema educativo de excelencia y con la cobertura apropiada para las necesidades del país, la educación particular sería una excentricidad. La realidad es todo lo contrario, por lo que reconocer el esfuerzo de superación que hacen decenas de miles de familias panameñas –humildes o no- es un acto de justicia. Salvo excepciones, es un hecho evidente la brecha entre los estudiantes de escuelas oficiales y los de particulares, que se acentúan aún más al momento de acceder a becas, reconocimientos y oportunidades de empleo o emprendimiento. Nada se gana manteniendo altos niveles de crecimiento económico si nuestros estudiantes no son académicamente competitivos. Es esto, y no el incentivo de más subsidios, más paternalismo y más planillas como la 080, lo que debe medir nuestro progreso social y económico.