Hoy por hoy

Panamá tiene una penosa trayectoria en materia de contrataciones públicas. Las licitaciones tardan lo inaceptable. Cuando finalmente son adjudicadas, aparece un funcionario que altera los plazos, montos y hasta especificaciones de las obras. O sea que los supuestos atractivos que ofrecía el ganador se van al traste. Ciertos proyectos terminan con retrasos y sobreprecios, y otros ni siquiera concluyen. Recientemente se adjudicó la construcción del cuarto puente sobre el Canal. El fantasma de Odebrecht, las circunstancias particulares de esta licitación, así como ciertas publicaciones sobre la empresa ganadora, han despertado justificadas suspicacias. Y es que si con contratistas de países cuyos valores compartimos nos fue mal, con los chinos nos podría ir peor. De un lado, tendremos empresas poderosísimas bajo el paraguas de un gobierno dictatorial y opaco; del otro, un país pequeño, hambriento de obras y débil de instituciones. Dos herramientas tenemos para defender los intereses de Panamá en la relación que ahora comienza: el saber hacer de la ACP en materia de estudios de factibilidad, contratos, monitoreo de obras y manejo de reclamos; y las leyes de transparencia, que obligan a rendir cuentas sobre el uso de los recursos estatales. Hagamos uso de ellas.