Hoy por hoy

El Pacto de Estado por la Justicia ha hecho una labor encomiable con el examen de las credenciales de los abogados que tienen aspiraciones para ocupar dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, una vez que se concreten las salidas de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Este trabajo, que se toman muy en serio miembros de la sociedad civil, busca elegir a los mejores para el cargo, pese a que sus opiniones no sean vinculantes, pues siempre recaerá en el jefe del Ejecutivo elegir a los candidatos que se presentarán para su ratificación en la Asamblea Nacional. Y, a pesar de que es una labor concienzuda, no pocas veces la selección que hacen termina en el zafacón, porque los políticos prefieren que esos cargos los ocupen amigos fieles, cuyo criterio no responda a su deber de impartir justicia, sino el de garantizarse impunidad. De ahí que el perfil que buscan responda a la medida de sus intereses. Pero hoy, los ciudadanos esperamos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tomen en consideración las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia y que termine esa insana práctica de nombrar en el Órgano Judicial a un incondicional en vez de un juez.