Hoy por hoy

La justicia panameña está lejos de ser perfecta, no solo porque existen leyes hechas a la medida de la corrupción, sino porque, además, algunos de sus representantes se prestan para que estas no funcionen. Tal es el caso del juez que lleva adelante la causa de los radares de Finmeccanica, cuya actitud revela mucho acerca de una parcialidad evidente y vergonzosa que impide que el Estado –es decir, todos nosotros– pueda resarcir el daño que sufrió a causa de un contrato cuya lesión al país ha sido reconocida. De otro lado, tenemos a un expresidente que se comporta de forma errática y caprichosa y que, al perder, decide cambiar las reglas del juego a su conveniencia. Renunciar al Parlamento Centroamericano es pretender que sus juzgadores se vean inhabilitados, por lo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben evitar ese peligroso juego. En estos momentos, lo que está en juego no es la situación particular de un procesado u otro, sino la defensa de la institucionalidad jurídica panameña. Las cartas están echadas. Ahora le corresponde actuar a los encargados de impartir justicia.