Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la represión gubernamental y paramilitar en Nicaragua alcanzó los 212 muertos. Mientras el presidente Daniel Ortega mantiene su oferta de un diálogo fingido, de esos que se hacen para no acordar nada, sus huestes se han dedicado a la persecución más implacable que el hermano pueblo nicaragüense haya conocido desde los tiempos de la dictadura de los Somoza. Las víctimas de la represión han sido asesinadas a mansalva, con tiros de gracia o por francotiradores con armas de grueso calibre. Los jóvenes protagonistas de las protestas en las distintas ciudades y pueblos han sido sometidos al tipo de torturas que caracteriza a estos regímenes: palizas sistemáticas, privación de los alimentos, el confinamiento de los detenidos políticos con los privados de libertad por delitos graves o violentos, y un sinfín de prácticas que demuestran que el régimen de Ortega tenía estas mazmorras y los escuadrones para militares preparados antes de la crisis. Todo el castillo de naipes del segundo gobierno sandinista se ha caído. El pacto de no agresión con los empresarios solo sirvió como un matrimonio de conveniencia hasta que la tiranía y la ineptitud del Gobierno pusieron a la población en su contra. Nicaragua puede convertirse en otro callejón sin salida, como Venezuela y ya sabemos las consecuencias de ese guion. Es hora de actuar.
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23 jun 2018 - 05:00 AM