Hoy por hoy

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anuló la evaluación de la licitación para el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, y convocará a una nueva comisión evaluadora, al encontrar que la actual incurrió en un “inadecuado manejo de la reserva del contenido y custodia de la información”. Este es el capítulo más reciente de la saga del que aparentemente sería el último megaproyecto del actual gobierno. Cuatro consorcios internacionales prepararon sus propuestas para aspirar a construir una maravilla de la ingeniería moderna con un costo de más de mil millones de dólares. El cuarto puente es una pieza clave en la gestión del tráfico urbano del área metropolitana y en la conformación de un anillo logístico de carga terrestre, y sería el enlace que facilitaría la comunicación entre la tercera línea del Metro con el resto del sistema. También sería el conducto para un posible tren bala que conectaría a las ciudades de David y Panamá, por medio de una red ferroviaria de alta velocidad financiada por el Gobierno de China. Entendida la importancia del cuarto puente, sorprende la ligereza con la que el MOP comunica una decisión tan trascendental. Las acusaciones tan específicas contra el grupo de especialistas panameños que conformaron la comisión evaluadora merecen una mejor explicación. Si no, todo parecerá un cuento chino.