No fue una sorpresa, sino la reiteración del persistente hábito de garantizar la impunidad a los diputados. Así se comportó, una vez más, la Corte Suprema de Justicia, para con un caso obvio, un ofensivo ‘camarón legislativo’, que de un plumazo buscaba cercenar una concesión portuaria. La Corte Suprema no encontró delito, como tampoco lo halló con las partidas, contratos y donativos prodigiosos que abundan en nuestra actual Asamblea Nacional. Los magistrados de nuestro máximo tribunal son los exquisitos sastres que le cosen a la medida el ropaje burdo del blindaje a las majestades del Palacio Justo Arosemena. Los diputados pueden atropellar y matar a una niña, cometer peculados, esconder información, celebrar el nepotismo y desacatar a la propia Corte. No hay problema, ya que los togados del Palacio Gil Ponce ofrecen sus buenos oficios para inocular a los diputados contra la transparencia y la rendición de cuentas. Sigue la omerta, el pacto de no agresión, entre los poderes legislativo y judicial. Triste tragedia la que vive nuestra República, ya que los peores enemigos de la democracia y del Estado de derecho, son sus más altos magistrados y sus diputados, cómplices todos en la impunidad.
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25 may 2018 - 05:00 AM
