Hoy por hoy

Ayer, la Asamblea Nacional se declaró como una república independiente a la cual no se le pueden aplicar las leyes del Estado panameño. Con el mayor descaro y cinismo se les negó el acceso a los auditores de la Contraloría General de la República, a la vez que se interpuso un amparo de garantías constitucionales, ambas medidas dirigidas a obtener el mismo propósito: evitar la rendición de cuentas de los millones de dólares que cada uno de los diputados manejó a su antojo. El viejo adagio de que “el que nada debe nada teme” nunca ha sido más cierto. Aunque no se sepan los detalles específicos, es obvio que el colectivo de los diputados, sin importar bancadas, pretende encubrir lo que elegantemente se pudiera llamar como un robo. Con su actuación de ayer, es claro que los diputados se han convertido en unos asaltantes del presupuesto estatal y, por ende, de nuestros impuestos. Ellos son la garantía de la impunidad que campea en la justicia panameña, son los padres y madres de los camarones legislativos, y los beneficiarios de los pactos de no agresión con la Corte Suprema de Justicia. La opinión pública tiene el deber de decirles ¡basta ya!