El horizonte financiero del Estado panameño se ve limitado por la insuficiente recaudación de impuestos, la más baja de la región, si se mide en términos del producto interno bruto. A esa baja recaudación contribuyen en buena medida las exenciones fiscales que concede el Estado panameño, y que ya superan los 700 millones de dólares al año. También lo hacen los generosos subsidios estatales y la evasión fiscal, ese gran escape que pasa desapercibido por ser la nuestra una sociedad que no termina de entender la grave falta que esto constituye. Una exención o un subsidio deberían ser instrumentos extraordinarios de las políticas públicas, pero en Panamá estos se han convertido en un recurso abusado, un recurso que da cabida a todo tipo de males, desde el tráfico de influencias hasta el clientelismo, y que crea grandes distorsiones en el mercado y en los hábitos de consumo. Lo peor es que, una vez establecidos, no hay gobierno dispuesto a pagar el costo político que conlleva eliminarlos.
Como resultado de todo lo anterior, tenemos que -al momento de tropezar con la falta de recursos para hacer inversiones estratégicas y cumplir con las promesas de campaña- los gobiernos optan por una vía altamente peligrosa: la del endeudamiento.
