Hoy por hoy

Panamá está rezagada en la legislación en materia de libertad de expresión y de información. Por ejemplo, el Código Penal todavía tipifica la calumnia y la injuria como delitos con pena de prisión. Esto hace que opiniones críticas para la rendición de cuentas de los poderosos, y la transparencia del sistema político estén amenazadas. La calificación judicial de lo que puede ser una injuria o una calumnia es arbitraria. Gracias a estos delitos, ciudadanos responsables, activistas de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación social, son objeto de intimidación y censura. Cuando no existen opiniones informadas y se silencian otros puntos de vista, nadie se beneficia. En los albores del periodo electoral, la falta de diversidad de opiniones críticas y de cuestionamientos, es un caldo de cultivo para la opacidad de candidatos y gobernantes. La libertad de expresión es un derecho de todos, en particular de aquellos más vulnerables. Sin esta libertad, los grandes casos de corrupción no habrían sido conocidos, ni la falta de medicinas o los sobrecostos de las obras públicas. Las críticas y denuncias ciudadanas y periodísticas han mejorado nuestra calidad de vida. Esas opiniones incómodas son garantes de nuestra libertad.