Hoy por hoy

Los investigados por delitos de corrupción de alto perfil han demostrado una siniestra verdad: existe un tratamiento diferenciado por parte del sistema judicial que les favorece. Decenas de sospechosos se han escapado de la acción del Ministerio Público, simplemente tomando un avión, muchas veces particular, sustrayéndose así de las investigaciones, hasta que sus hábiles abogados consiguen entrampar el proceso gracias a jueces complacientes. Las normas, y lo que es peor, la interpretación de que hacen los jueces y magistrados de estas, son en extremo flexibles para beneficiar a estos saqueadores de cientos de millones de dólares de todos los panameños. Estas actuaciones no son consideradas en ningún país del mundo como un ejercicio legítimo del debido proceso o del derecho de defensa. En el cuarto año de procesos judiciales contra los presuntos responsables de actos de corrupción de alto perfil, las audiencias se suspenden, los jueces paralizan las investigaciones y los magistrados de la Corte Suprema se sientan sobre los expedientes. Está claro que el Órgano Judicial y el gremio de abogados tienen mucho por lo que deben responder a la sociedad por la impunidad reinante en el país.