Hoy por hoy

El proyecto de ley 514, cuya intención original era la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, devino en un ejercicio de confrontaciones legislativas que no han concluido con su aprobación. Por un lado, organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Alianza Ciudadana Pro Justicia se oponen a que las empresas que suscriban acuerdos de colaboración eficaz sean excluidas de nuevas contrataciones públicas. Por el otro, entidades como el Colegio Nacional de Abogados lo avalan. Además, la forma súbita, sorpresiva e inconsulta en que se introdujo esta prohibición sugiere una agenda particular de los diputados. Aquí existe una clara divergencia de opiniones sobre la moralidad de permitirle contratar a empresas corruptas, frente a la necesidad práctica de combatir la corrupción con la información que dichas empresas manejan, y que la colaboración eficaz facilita. Este dilema no tiene respuestas fáciles, porque el naciente esfuerzo de desmantelar las redes de corrupción puede terminar sin esta herramienta. Esa es la decisión que se le presenta al presidente de la República, y que definirá su legado.