Hoy por hoy

Al menos, dos años llevamos a la espera de un pronunciamiento contundente por parte del presidente de la República sobre la permanencia en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, nombrados en el cargo por el expresidente Ricardo Martinelli. Ambos directivos no solo enfrentan hoy casos penales por la supuesta comisión de delitos tan graves, como el de blanqueo de capitales, sino que además han incumplido sus funciones al ausentarse de las reuniones de la junta directiva y sus comisiones múltiples veces. El Canal es la empresa estatal más importante de nuestra economía y, por lo tanto, sus directivos tienen la obligación de garantizar, además de su participación en la toma de decisiones, la más alta solvencia moral en sus actuaciones. La decisión del Consejo de Gabinete de avalar la recomendación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para que Corcione y Mizrachi sean removidos de la directiva del Canal es correcta y merece el respaldo ciudadano. Corresponde ahora a la Asamblea Nacional demostrar con hechos y no con discursos vacíos su postura en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia.