La realidad del abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, adultos e, incluso, adultos mayores y personas con discapacidad es desconocida, y el Estado panameño no está organizado para atender apropiadamente esta situación. En el caso de los menores de edad, solo en el año 2017 , fueron reportados a las autoridades 2 mil 218 casos.
La mayoría de las víctimas son niñas. Ni el Ministerio de Desarrollo Social ni la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tienen programas específicos para prevenir o atender la agresión sexual. Panamá carece de refugios y centros especiales de rehabilitación y terapia para atender a esta población. Las víctimas son humilladas y tratadas con desidia por una burocracia gubernamental indiferente. El sistema judicial las revictimiza e, incluso, cuestiona los hechos e incidentes de los que fueron parte.
El estigma social y familiar que producen estos casos legales abruma a las víctimas y sus seres queridos, por lo que la ausencia de una política pública específica representa otra forma de agresión, esta vez institucional. Entre tanta hipocresía y doble moral política, los partidos de gobierno y oposición y los funcionarios encargados de atender estos menesteres podrían dar el primer paso, implementando la educación sexual integral como la mejor herramienta preventiva.
