En el año 2017 hubo una disminución de mil 386 casos de embarazos en adolescentes, frente al año anterior. Cada una de las 9 mil 912 adolescentes que quedaron embarazadas ese año representó un serio desafío en materia de salud, educación, vivienda, alimentación y desarrollo humano. En los dos primeros meses de este año, mil 738 casos de embarazos en adolescentes han sido registrados por el sistema público de salud, es decir, 166 casos más que el año pasado.
Un embarazo precoz, posiblemente producto de una agresión sexual o de una relación no planificada, es una amenaza directa al bienestar de las adolescentes y al desarrollo de todo el país. La educación sexual debe ser el norte de las políticas públicas.
Los padres de familia, los maestros y profesores, niños y adolescentes, y el personal de salud, deben ser agentes activos de un modelo de educación sexual responsable. No es posible que sigamos ignorando el costo en dolor personal y familiar que provocan estos embarazos, y las agresiones sexuales que victimizan a niñas, niños y adolescentes. Más educación sexual significa más salud y dignidad para todos los panameños.
