Hoy por hoy

Hace un año, el Gobierno de Estados Unidos entregó en extradición a Panamá, al ciudadano expresidente de la República Ricardo Martinelli. Con el sistema penal acusatorio se suponía que la justicia panameña podía ventilar la causa de los pinchazos efectivamente. Un año de retrasos, rejuegos, tácticas dilatorias y el cambio forzado de la competencia de la Corte Suprema hacia un tribunal ordinario, han demostrado la capacidad de influencia del procesado y de su costoso ejército de abogados. El gasto no ha sido solo del expresidente, sino también del Estado, que ha invertido fondos públicos y miles de horas de fiscales, magistrados y otros funcionarios para realizar este juzgamiento. Este es un ejemplo de por qué el sistema de justicia panameño es una fuente de frustración y de amargas insatisfacciones, que les hacen pagar a todos los ciudadanos un alto precio. Sea cual sea el resultado final del caso de los pinchazos, es urgente abocarnos a reconstruir la justicia. Es intolerable que Panamá esté condenada a la impunidad y a la incertidumbre legal, resultado de tribunales y jueces atrapados en una maraña de grandes intereses.