Hoy por hoy

La Caja de Ahorros es una institución del Estado. Su junta directiva, el gerente y subgerente general son designados por el presidente de la República y ratificados por la Asamblea Nacional. Este banco cuenta con la supervisión permanente de la Contraloría General de la República. La ley que rige a la Caja de Ahorros afirma explícitamente que el Estado responde por las obligaciones que contraiga esta institución. Por todo lo anterior, se hace incómodo especular sobre la decisión que tomó la jueza, que reemplazó a última hora a la jueza original del caso del centro de convenciones de Amador. En este embrollo se desviaron fondos procedentes de la Caja de Ahorros hacia Financial Pacific, entre otros destinos distintos al propósito del préstamo, y si este banco no aplica la jurisdicción coactiva, no recobra sus fondos. Adicionalmente, nadie ha explicado por qué una funcionaria judicial, asistente del magistrado José Ayú Prado, estuvo presente en las audiencias de este caso. La administración actual de la Caja de Ahorros no quiso constituirse en querellante porque supuestamente no hubo pérdidas con ese préstamo. Se nos quiere hacer creer que esto era una mera transacción comercial común y corriente en los bancos locales. Eso no es cierto. Este caso merece que jueces de verdad analicen sus hechos y decidan en base a la ley. Los ciudadanos no podemos aceptar que se juegue con el patrimonio de todos.