La naviera estatal china Cosco Shipping, dueña en su mayoría del puerto de Chancay, construido en la costa peruana con una inversión de 1,300 millones de dólares, afirmó este jueves que el control de dicha infraestructura no afecta de ninguna manera a la soberanía nacional del país andino, en respuesta a las declaraciones de Estados Unidos sobre este caso.
“Su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional; el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria”, señaló Cosco Shipping Ports en un comunicado.
La semana pasada, un juez peruano excluyó al puerto privado de Chancay de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) más allá de las tarifas de sus servicios, al fallar a favor de la demanda de amparo presentada por la compañía.
Este miércoles, la oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EE. UU. advirtió que Perú podría quedar “imposibilitado” de supervisar el puerto bajo propietarios chinos “depredadores” y señaló que “el dinero barato chino cuesta soberanía”.
Cosco reafirmó en su comunicado “su firme compromiso” de respetar y cumplir la normativa nacional peruana, así como los mandatos derivados de los procesos judiciales, manteniendo al servicio del país andino “una infraestructura portuaria moderna y eficiente según el mayor estándar internacional”.
“Las autoridades peruanas no sólo ejercen todas sus atribuciones de control y supervisión a través de las entidades estatales correspondientes, sino que además lo hacen con facilidades provistas por el puerto”, agregó.
La empresa china apuntó que el puerto permite el acceso y presencia en sus instalaciones de organismos estatales, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), diversas entidades del Ministerio de Interior (Migraciones, Policía Antidrogas) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
En cuanto al fallo judicial que ha desatado la polémica, la compañía señaló que este reconoce la normatividad vigente así como el marco jurídico de control y supervisión estatal en la materia.
La naviera indicó que recurrió a instancias judiciales ya que Ositrán sostiene que le corresponde la función de defensa de los intereses de usuarios de los puertos; sin embargo, la Ley del Sistema Portuario Nacional atribuye dichas funciones a la Autoridad Portuaria Nacional, incluyendo velar por el respeto de los derechos de los usuarios en los puertos en el ámbito de su competencia.
“Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización, así como de velar por la protección de derechos de los usuarios”, señaló.
El puerto de Chancay, que pertenece en un 60% a Cosco y en un 40% a la minera peruana Volcan, se ubica a 70 kilómetros al norte de Lima, e inició sus operaciones en noviembre de 2024 con una capacidad para movilizar hasta un millón de contenedores por año, y con el objetivo de convertirse en el principal ‘hub’ (centro de conexiones) del comercio entre China y Sudamérica.
