El exdictador José Efraín Ríos Montt llegó en una ambulancia al Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala, después de que la jueza a cargo de dicha judicatura ordenara su traslado para iniciar un nuevo juicio en su contra por los delitos de genocidio y lesa humanidad.El militar de 88 años fue trasladado en una camilla y con el rostro cubierto con una manta a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial (OJ) guatemalteco, en la capital del país centroamericano, para enfrentar un nuevo proceso judicial, programado desde hace varias semanas para empezar este lunes.Los abogados de Ríos Montt habían presentado una excusa médica para justificar la ausencia del militar en la primera audiencia del juicio, pero la misma fue rechazada esta mañana por la presidenta del tribunal, Janeth Valdés, quien le dio un plazo de 60 minutos al exdictador para presentarse.
“No acepto la excusa presentada por los abogados”, aseguró Valdés en referencia a la nota médica expuesta por los abogados del anciano militar, quien según argumentaron debe guardar reposo por problemas en su columna vertebral.
Ríos Montt ingresó a la Torre de Tribunales en ambulancia acompañado de su hija Zury y de su médico particular Mario Bolaños, en medio de un tumulto de periodistas que obligó a las autoridades del tribunal a poner orden en la sala.
El antiguo jefe de inteligencia militar y también acusado del mismo delito, José Rodríguez, quien llegó temprano en silla de ruedas, aseguró este lunes previo a la audiencia que no le teme al nuevo juicio y que será la jueza la que decida si es culpable o inocente de los crímenes que se le imputan.
Ambos militares son acusados por la fiscalía del asesinato de mil 771 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché durante el régimen que presidió Ríos Montt como exjefe de Estado de Facto (1982-1983).
En el primer juicio celebrado en 2013, el militar fue condenado a 80 años de prisión y Rodríguez absuelto, pero debido a errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló el fallo y ordenó un nuevo debate oral y público.
