La petición de extradición de la contadora de Odebrecht, Maya Cikurel Spiller, hecha por el gobierno panameño fue negada, este lunes 8 de junio, por la la jueza uruguaya María Elena Mainard, informó la Corte Suprema de Justicia, del país suramericano.
Cikurel Spiller, fue detenida el pasado 19 de febrero en el puerto de Colonia, cuando pretendía viajar a Buenos Aires, Argentina. La Interpol había emitido una alerta roja solicitada por el Ministerio Público de Panamá, que la imputó por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
El fiscal de caso Ricardo Lackner dijo que esta decisión se debió a una interpretación “estricta” de la jueza Mainard de lo que son las “autoridades judiciales” para solicitar la extradición.
Lackner recordó que el plazo para presentar una apelación por parte de Fiscalía es de 15 días, sin embargo, indicó que aún no decide su apela o no la decisión de Mainard.
Agregó que se pondrán en contacto con fiscales de Panamá para definir en conjunto la próxima estrategia.
El diario uruguayo El País tuvo acceso a la sentencia judicial en la cual la jueza Mainard considera que “el Requirente (Fiscalía Anticorrupción de Panamá) carece de legitimación a los efectos de realizar la solicitud de Extradición, ya que ésta es competencia de las autoridades judiciales del Estado Panameño y no del Ministerio Público”.
Al respecto, la defensa de Cikurel aseguró que la extradición “es improcedente por falta de legitimación activa del Ministerio Público para pedirla. Se trata de una extradición convencional, que se rige por el Tratado Bilateral que fue aprobado por la Ley 18.583”.
Los abogados de la contadora uruguaya dicen además que quien solicita la extradición es un fiscal anticorrupción, pero el artículo 1 del Tratado señala que la extradición debe ser pedida por autoridades judiciales.
Cikurel Spiller aparece como beneficiaria final en, al menos, cinco sociedades anónimas inscritas en Uruguay.
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá sospecha que Odebrecht habría pagado coimas a través de estas sociedades, desde su división de Operaciones Estructuradas, denominada Caja 2.
Según las pesquisas, la contadora hizo nuevas transferencias a otras sociedades anónimas relacionadas, esta vez -con los hijos del expresidente del país, Ricardo Martinelli- Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, imputados en este caso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
