Una funcionaria del Órgano Judicial y una doctora fueron llamadas a juicio por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, relacionada con la emisión de certificados de incapacidad utilizados para justificar una ausencia laboral y ocultar un viaje.
La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Chiriquí, Elvia Pittí, llamó a juicio a ambas imputadas, luego de que el Ministerio Público presentara una serie de evidencias que las vinculan con los hechos investigados.
La investigación se inició luego de que una doctora de servicio en la Policlínica Gustavo A. Ross, en la provincia de Chiriquí, emitiera un certificado de incapacidad por cinco días a favor de una funcionaria del Órgano Judicial. El período coincidía con un viaje que la funcionaria había realizado a Colombia.
Durante la investigación, se solicitaron a la autoridad migratoria los registros de entrada y salida del país de la funcionaria judicial y se corroboró que los días de incapacidad coincidían con el viaje.
La doctora enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, mientras que la funcionaria judicial está imputada por los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso.
El caso surgió a raíz de la verificación de los documentos aportados por la funcionaria para justificar su ausencia del puesto de trabajo, lo que dio lugar a la apertura de una investigación.
El pasado 20 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) modificó el procedimiento para verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad y estableció que las posibles conductas delictivas detectadas durante estas revisiones deberán ser denunciadas ante el Ministerio Público.
El cambio establece que, cuando una autoridad regional de salud advierta una conducta presuntamente delictiva durante la verificación de un certificado, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público mediante la denuncia correspondiente.
El Minsa recalcó que un certificado médico de incapacidad debe ser un reflejo fiel de la atención brindada al paciente y debe ser emitido personalmente por el profesional de la salud que realizó la evaluación.
Los cambios están contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 29, publicado el 19 de agosto en la Gaceta Oficial, mediante el cual se modificó el Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, que estableció el procedimiento para solicitar la verificación de autenticidad de estos documentos.
Las procesadas pueden enfrentar penas de cuatro a ocho años de prisión por el delito de falsedad ideológica, que consiste en introducir información falsa en un documento público.
La sanción también puede conllevar la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
