Una decisión del Tribunal Superior de Apelaciones confirmó el fallo de un juez de garantías que negó la aplicación de medidas cautelares a nueve personas investigadas por el presunto delito de peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), al considerar que el Ministerio Público no logró sustentar los elementos necesarios para justificar dichas medidas.
Durante una audiencia de apelación que concluyó el pasado viernes, los magistrados Adilio González, Donají Arosemena y Greta Marchosky validaron la decisión adoptada inicialmente por la jueza Zenia Pérez de no imponer medidas cautelares a los nueve imputados.
Los magistrados concluyeron que el Ministerio Público no presentó argumentos suficientes que justificaran la imposición de restricciones a la libertad de los investigados.
En la audiencia de garantías celebrada el pasado 21 de abril, la jueza Pérez señaló que los elementos probatorios presentados por la fiscalía eran débiles y carecían del sustento necesario. Además, destacó la disposición de los imputados de participar en el proceso judicial.
Este caso forma parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción tras la presunta detección de irregularidades en el manejo del Ifarhu, a partir de una auditoría preliminar.
Según la fiscalía, algunos beneficiarios de auxilios económicos recibieron fondos de hasta 120 mil dólares, pero no lograron justificar el uso de esos recursos y, en algunos casos, tampoco culminaron los cursos o carreras para los cuales fueron otorgados.
Como parte de las investigaciones, la fiscalía realizó una inspección ocular en el Ifarhu, enfocada en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos, encargada de verificar la información presentada por los estudiantes para acceder a esos beneficios.
Hasta el momento, por el caso de los auxilios económicos presuntamente entregados de manera irregular durante la administración del exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses, se ha imputado a 39 personas, entre ellas exfuncionarios, estudiantes y particulares.
Meneses permanece bajo detención provisional en el La Nueva Joya y enfrenta procesos por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento injustificado, peculado y blanqueo de capitales.
La investigación se originó a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se estableció que durante la gestión de Meneses se habrían cometido irregularidades en la entrega de auxilios económicos por un monto de 24 millones de dólares.
De acuerdo con la fiscalía, tras su salida del Ifarhu, Meneses registró un incremento patrimonial de 149 mil 343 dólares que no pudo justificar.
