El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención preventiva aplicada a un funcionario de la Defensoría del Pueblo imputado por la presunta comisión del delito de posesión y distribución de pornografía infantil.
Durante una audiencia celebrada hoy, los magistrados Yanelka Quijano, Eric Vergara y José Félix Sánchez decidieron mantener la decisión adoptada por un juez de garantías, Luis Ceballos.
La decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones se fundamentó en que se trata de un delito grave y que existen potenciales riesgos para la comunidad.
Además, estimaron que la medida es proporcional al delito investigado y adecuada a los fines del proceso.
El funcionario fue detenido dentro de la operación Víbora, en la que varios países dan seguimiento a personas dedicadas a la difusión de material pornográfico que involucra a menores de edad.
Durante más de 6 meses de pesquisas, las autoridades españolas identificaron más de 10 mil archivos de pornografía infantil distribuidos en 15 países por unos 600 usuarios de plataformas digitales.
Entre los países que participan de la en la operación Víbora se encuentran Brasil, Chile, El Salvador, Ecuador, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaraguas, Guatemala, Honduras, Turquía, Perú, Venezuela y Panamá.
El operativo se centró específicamente en grupos del servicio de mensajería instantánea. En ese sentido, agentes encubiertos españoles habrían mantenido una presencia continuada en varias plataformas, con el objetivo de proseguir con las investigaciones y dar con el paradero de posibles sospechosos.
En Panamá, las autoridades han logrado la detención de varias personas en cuyos equipos informáticos se han detectado material pornográfico que involucra a menores de edad.
