El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales suspendió hasta el lunes 2 de marzo el juicio que se le sigue al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y a otras ocho personas por la presunta comisión del delito de peculado.
Este caso está relacionado a la ejecución con supuestos sobrecostos en el denominado proyecto de remodelación del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, concesionado a las empresas Odebrecht y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Además de Suárez están llamados a juicio Jorge Ruiz, María González, Gonzalo De la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Vásquez, Mauricio Cort y Sergio Del Sour.
El juicio fue suspendido porque varios de los abogados defensores y miembros del equipo de la Fiscalía están en el juicio Odebrecht.
Este juicio estaba previsto para marzo del año 2024, pero la presentación de un recurso de último momento contra el auto de pruebas admitido por el tribunal obligó a su suspensión.
En esa ocasión, la Fiscalía Anticorrupción había aportado un informe de auditoría sobre el manejo de los fondos asignados para la ejecución de la obra, pero los abogados defensores objetaron esa petición. Varios abogados defensores apelaron la admisión de esta prueba.
Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la obra tuvo un sobreprecio de $51.4 millones.
En enero de 2023, el Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías presentado por la defensa del exministro Suárez, que buscaba anular la decisión de la juez Rentería de no acumular este caso con las investigaciones por peculado en el manejo de fondos en el diseño y construcción de las fases uno y dos del corredor vía Brasil.
Estas obras, desarrolladas durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2014-2019) fueron señaladas por haber sido construidas con sobreprecios, por lo que el Ministerio Público abrió varias investigaciones por dichos contratos.
En 2024, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dispuso la acumulación de las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en las construcciones del corredor vía Brasil, tramo I y tramo II, cuya ejecución fue asignada a la empresa FCC, por un monto de $455 millones, pero excluyó el proyecto del Casco Antiguo.
La empresa FCC supuestamente pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre 2009 y 2014 para el reordenamiento vial en la capital.
Estos detalles fueron suministrados a la Fiscalía Especial Anticorrupción por Julio Casla y Eugenio Del Barrio, colaboradores de FCC, cuyos testimonios luego quedaron excluidos del proceso.
