Una petición para que se cambien las medidas cautelares de impedimento de salida de la provincia de Panamá a los 83 obreros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), imputados por delitos de daños a las instalaciones del Hospital del Niño y lesiones a miembros de la Policía, fue presentada hoy ante la jueza de garantías Kris Silva, durante una audiencia que se desarrolla en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.
Los 83 miembros del Suntracs fueron aprehendidos durante enfrentamientos registrados el pasado 12 de febrero en las instalaciones del nuevo Hospital del Niño, durante una serie de protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Los abogados del Suntracs, Rubén Castrejo y Rolando Rodríguez, explicaron que sus clientes han permanecido durante meses sin poder salir de la provincia de Panamá, lo que les ha impedido trabajar en proyectos de construcción que se realizan en otras provincias.
También señalaron que en este caso no hay riesgo de destrucción de pruebas, ya que la fiscalía tiene en su poder videos, registros telefónicos y audios recuperados durante la investigación.
Asimismo, detallaron que tampoco existe riesgo de fuga, ya que los trabajadores mantienen arraigo familiar y laboral en el país.
La jueza Silva decretó un receso hasta las 2:30 p.m. de hoy para analizar la petición de cambio de medidas cautelares a los 83 procesados, así como la solicitud hecha por la fiscalía para que se declare la investigación como causa compleja y se le conceda un año de prórroga para concluirla.
La fiscalía también ha solicitado incluir en la investigación un informe de auditoría realizado a la empresa Acciona Construcción, responsable de la construcción del nuevo Hospital del Niño, que reportó daños por la suma de 2 millones de dólares.
Ayer, durante el desarrollo de la audiencia, la fiscalía informó a la jueza que ha recibido nuevas denuncias de víctimas afectadas por acciones de los obreros del Suntracs.
El pasado 16 de febrero, un juez de garantías imputó cargos e impuso medidas cautelares de notificación periódica a los 83 obreros, por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, lesiones personales y daños a la propiedad privada, en perjuicio de agentes de la Policía Nacional que intentaban reabrir la circulación vial.
