El Ministerio Público ordenó la indagatoria de 49 personas, en medio de la pesquisa para determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos por parte de juntas comunales, en el quinquenio 2009-2014.
La decisión surge luego de que en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia le concediera otro año a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para seguir las investigaciones por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción de funcionario público.
En este caso, la fiscalía investiga la participación de exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de las juntas comunales, representantes de corregimiento, así como comerciantes, personas naturales y exdiputados.
El proceso nació a raíz de investigaciones periodísticas que daban cuenta del despilfarro de dinero público entregado por diputados del periodo 2009-2014 a juntas comunales y municipios del país. En ese momento, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio, pesquisa que fue suspendida en el año 2015 porque faltaba una auditoría. Sin embargo, en febrero de 2018, la Contraloría, en aquel momento a cargo de Federico Humbert, entregó 223 cajas numeradas al Ministerio Público, con el resultado de las auditorías.
Humbert aseguró que la información tenía “el peso y la estructura” necesaria para abrir procesos judiciales. Reveló además que las auditorías determinaron que 34 diputados de Cambio Democrático (CD) de aquella época manejaron $158.8 millones; siete del Molirena, $36.2 millones, y 10 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), $34.7 millones. Además, otros 10 diputados del Partido Panameñista se vieron beneficiados con partidas por $17.1 millones y un diputado del Partido Popular manejó $492 mil.
Humbert también enumeró irregularidades detectadas en las auditorías, como facturas falsas y falta de documentos para sustentar millones de dólares en transacciones.
