El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales anunció la suspensión del juicio a 26 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la empresa Odebrecht.
La audiencia ordinaria en este sonado caso estaba programada para el martes 11 de noviembre de 2025, pero ahora se celebrará en 2026.
¿El motivo? Un comunicado del Órgano Judicial emitido la tarde de este viernes 7 de noviembre precisa que la jueza primera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, decidió reprogramar el juicio para la fecha alterna previamente fijada, es decir, del 12 de enero al 13 de febrero de 2026, debido a que no se ha logrado ubicar la dirección ni notificar la fecha de audiencia al expresidente Ricardo Martinelli.
El juzgado explicó, mediante el Auto Vario No. 327 del 7 de noviembre de 2025, que han transcurrido más de cuatro meses desde que se remitió la Asistencia Judicial Internacional No. 43 del 4 de junio de 2025, a la República de Colombia para notificar a Martinelli, sin haber recibido respuesta.
Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, se encuentra asilado en Colombia, a donde viajó el 10 de mayo de 2025, tras permanecer más de un año en la Embajada de Nicaragua en Panamá, país al que finalmente no se trasladó.
El tribunal tampoco ha recibido las asistencias judiciales solicitadas a Brasil y Perú, donde se pidió tomar declaración a varios testigos.
La falta de estas diligencias ya había provocado la suspensión del juicio anterior, previsto para el 20 de enero de 2025, fecha en la que la jueza Marquínez acogió una petición presentada por varios abogados defensores y por la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo.
En aquella ocasión, los abogados Rosendo Miranda (defensor del exministro de Obras Públicas Federico Suárez), Fernando Peñuelas (defensor de María Carmona y Gonzalo Monteverde), Pedro Meilán (abogado de Rodrigo Díaz) y Basilio González (representante de Aaron Mizrachi) solicitaron por escrito el aplazamiento del juicio, alegando que enfrentaban la imposibilidad de repreguntar a nueve testigos que se encuentran en el extranjero durante la fase del contradictorio.
A través de una serie de asistencias judiciales, la Fiscalía Anticorrupción había requerido la declaración de varios testigos que podían aportar elementos vinculados con las coimas entregadas por Odebrecht.
Sin embargo, fuentes del Ministerio Público confirmaron que estas asistencias aún no han llegado, aunque -dijeron- la fiscalía se encuentra preparada para la práctica de las pruebas que deberán evacuarse durante el juicio.
Hasta ahora, la juez Marquínez ha fijado tres fechas distintas para el inicio del juicio de Odebrecht. Primero lo programó para el 15 de julio de 2024 (con fecha alterna el 16 de septiembre). Luego lo reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 (con fecha alterna el 20 de enero de 2025). Y, finalmente, lo había dejado para este 11 de noviembre de 2025 (con fecha alterna el 12 de enero de 2026), que era la audiencia prevista en pocos días.
El Ministerio Público remitió la vista fiscal al juzgado el 9 de abril de 2021, solicitando enjuiciar a 50 personas. El 7 de noviembre de 2022, la juez Marquínez dictó auto de llamamiento a juicio para 35 imputados. En la audiencia del próximo martes 11 debían comparecer 26, ya que algunos están prófugos o son diputados del Parlamento Centroamericano, como el expresidente panameño Juan Carlos Varela.
Respecto a Aaron Mizrachi —a quien el Primer Tribunal Superior anuló los cargos de blanqueo de capitales— se conoció que la Fiscalía Anticorrupción apeló ese fallo, de modo que la decisión no está en firme y deberá comparecer al juicio.
La fiscalía imputó cargos a Mizrachi por ser firmante y beneficiario final de Caribbean Holding Services Ltd., sociedad utilizada para transferir millones de dólares en coimas provenientes de la Caja 2 de Odebrecht.
En su indagatoria, Mizrachi alegó que los fondos recibidos por Caribbean Holding Services Ltd. eran “donaciones” de Odebrecht a la campaña política de 2009 y que no consideró que hubiese irregularidades. Sostuvo además que no utilizó ese dinero para gastos personales.
Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que entre 2001 y 2016 pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países en relación con cien proyectos de construcción.
La empresa Odebrecht solo ha entregado al Tesoro Nacional $76 millones de la multa de $220 millones que le fue impuesta tras admitir que usó el sistema bancario de Panamá para pagar coimas a funcionarios y particulares y así obtener millonarios contratos.
El próximo 1 de diciembre la empresa Odebrecht tendrá una nueva audiencia ante un juez de cumplimiento en la que se establecerá si ha cumplido con los pagos de la multa.
En febrero pasado, el juez de cumplimiento James Corro ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas la retención de pagos a Odebrecht por parte del Estado por obras en ejecución.
La empresa alega no tener fondos para cubrir el monto de la multa aplicada, ya que no mantiene contratos con el Estado de donde pueda obtener recursos para hacer frente a ese compromiso.
El Ministerio Público ha señalado que Odebrecht ha obviado de manera consistente los pagos al Estado panameño, por lo que solicitó la retención de montos que empresas estatales deben a la compañía por proyectos en ejecución.
