Milena Edith Vallarino Morales, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, y quien cumplía una condena de seis años de prisión por enriquecimiento injustificado, recibió una reducción de su condena, según el listado publicado este miércoles 7 de enero en Gaceta Oficial.
En el mismo documento figura también José Antonio Carrizo Mérida, el propietario de una agencia de publicidad que fue condenado por estafa agravada en perjuicio de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa). Carrizo causó un perjuicio a la corporación por $2.5 millones, entre los años 2009 y 2016.
Adjuntos
Rebajas de pena.pdfEn una nota de prensa del pasado diciembre, el Ministerio de Gobierno publicó la lista de 484 personas privadas de libertad candidatas a recibir rebaja de pena conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá.
En su momento, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, justificó la medida y sostuvo que todas las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos.
Comunicado Oficial pic.twitter.com/ARsaWSDDoO
— Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) December 26, 2025
Sin embargo, al mismo tiempo circuló por redes sociales una imagen de Montalvo junto a Ferrufino y su esposa del 2016 cuando un tribunal ordenó la liberación del exministro tras sustituir la medida de detención preventiva por la de “país por cárcel” —prohibición de salida del país—, luego de que permaneciera detenido durante un año y ocho meses por un caso de presunto enriquecimiento injustificado.
#QueTalSiTeDigo que @g_ferrufino Ya está de vuelta en casa. Felices por ti y tu familia, Guillermo. pic.twitter.com/ATuWotC22g
— Dinoska Montalvo (@DinoskaDinoska) September 24, 2016
De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República, en este caso, José Raúl Mulino, decretar indultos, rebajas de pena y conceder la libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 112 del Código Penal y el artículo 99 del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario.
Los casos
En el caso de Milena Varallino y la de su esposo Guillermo Ferrufino, el juzgado los condenó por no haber podido justificar la suma de $2.2 millones, acumulada mientras él fue ministro del Mides, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Aseguraron que al momento de Ferrufino realizar su declaración jurada de bienes patrimoniales, requisito que se le exige a los funcionarios de alta jerarquía (antes de asumir el cargo y también al abandonarlo), tenía una cuenta en el Banco General por $23.08; después recibió una transacción de $90 mil.
La sentencia detalla diversos movimientos bancarios: desembolsos por miles de dólares, apertura de plazos fijos y cancelación de deudas de tarjetas de créditos, entre otros. Menciona una lista de propiedades y bienes adquiridos sin justificación: una moto Yamaha ($7 mil), una camioneta Land Cruiser Prado ($42 mil 83) y cinco fincas, cada una adquirida a un precio entre $100 mil a $500 mil, entre otros.
Por su parte, José Carrizo Mérida, condenado por el delito de estafa agravada en contra de Corporación La Prensa y beneficiado con una rebaja de pena, fue representante legal de la extinta agencia de publicidad In House Advertising Inc. Junto con Aida Tejada Garagate, exoficial de cobros de Corprensa, ocasionó un perjuicio económico a la corporación estimado en $2.5 millones, entre los años 2009 y 2016.
Tejada no fue enjuiciada, dado que en 2019 pactó un acuerdo de colaboración y confesó a los fiscales que manipuló los estados de cuenta de Corprensa para beneficiar a In House Advertising, gestión por la que era remunerada por Carrizo y que éste sí cobró a los clientes por los servicios publicitarios que Corprensa brindó a su agencia.
Carrizo, en su recurso de casación, intentó culpar a Tejada Garagate y a la falta de controles internos en Corprensa. No obstante, las magistradas de la Sala Penal, después de analizar el expediente, concluyeron “desde la lógica y la experiencia que éste [Carrizo] no se encontraba ajeno al entramando delictivo que estuvo beneficiando a su empresa durante un largo periodo”.
En el 2022 a Carrizo se le condenó a siete años de prisión y como pena accesoria, la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por espacio de cuatro años.


