El Ministerio Público adelanta una investigación por la venta irregular de tierras propiedad del Estado en el archipiélago de Las Perlas, en la que se vincula a un empresario estadounidense y a otro grupo de funcionarios municipales.
La investigación, que es llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, se relaciona con la apropiación de tierras en las islas Casaya y Casayeta, ubicadas en el archipiélago de Las Perlas en el océano Pacífico, que fueron entregadas al empresario por funcionarios del Municipio de Balboa.
El pasado miércoles 5 de junio, un fallo del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concedió una prórroga de cinco meses a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para que concluya esta investigación.
El juzgado también aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación periódica a varios de los imputados para evitar que desatiendan el proceso judicial.
Entre las pesquisas realizadas por la fiscalía se encuentran declaraciones de los residentes de las islas, quienes han señalado que algunos extranjeros han intentado apropiarse de tierras en el archipiélago de Las Perlas con el pretexto de hacer inversiones turísticas.
La investigación se inició en 2019, a raíz de denuncias de residentes del lugar sobre la apropiación de terrenos por parte de un extranjero, quien luego pretendía venderlos al Municipio de Balboa.
Balboa es uno de los seis distritos de la provincia de Panamá, integrado por las islas del archipiélago de Las Perlas y dividido en seis corregimientos: San Miguel, La Ensenada, La Esmeralda, La Guinea, Pedro González y Saboga.
En enero de 2020, un grupo de residentes de Las Perlas viajó a la ciudad de Panamá y realizó una protesta ante el Consejo Provincial para denunciar la venta de tierras en las islas.
El artículo 258 de la Constitución señala que pertenecen al Estado el mar territorial, las aguas lacustres, las islas y sus riberas, y son de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.
En Darién, el Ministerio Público mantiene tres investigaciones por la apropiación y venta ilegal de 3,500 hectáreas de tierras, en las que se encuentran involucrados funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), topógrafos y particulares.
Estas investigaciones también se abrieron por denuncias presentadas por residentes que alertaron sobre la venta de tierras a extranjeros con la participación de funcionarios, quienes recibían dinero a cambio de los trámites.
