La defensa de Ricardo Martinelli Berrocal dedicó casi todo su alegato a insistir en temas que ya fueron rechazados en el año 2022 por la juez Baloisa Marquínez en la audiencia preliminar del caso Odebrecht (como la aplicación del principio de especialidad), aunque esta vez apoyó sus reclamos en documentos oficiales expedidos por el gobierno actual.
Por ejemplo, al reclamar la vigencia del principio de especialidad consignado en el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, el abogado Carlos Carrillo, defensor de Martinelli, mostró una nota de Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que indica que en su despacho no consta ninguna solicitud para “levantar” dicho principio.
Esa nota tiene fecha del 11 de julio de 2024; 11 días antes, José Raúl Mulino había tomado posesión como gobernante y Javier Martínez Acha había sido designado canciller. Ambos son cercanos a Martinelli.
No es la primera vez que a la juez Marquínez le plantean las supuestas violaciones al referido principio. De hecho, escuchó esa misma petición en la audiencia preliminar y entonces la rechazó de plano, recordando que ya había adoptado criterios al respecto y que incluso su decisión había sido revisada y apoyada por tribunales de mayor jerarquía.
Estados Unidos, que extraditó a Martinelli a Panamá en el año 2018, también ha dicho —a través de su embajada y del Departamento de Estado— que a Martinelli no le es aplicable el principio de especialidad, dado que lo perdió cuando, en el año 2019, le fueron levantadas unas medidas cautelares de impedimento de salida del país y viajó fuera del territorio nacional.
Otro documento oficial aportado por la defensa de Martinelli fue una certificación del 14 de enero de 2026 firmada por Gustavo Bonilla Arango, secretario general (encargado) del Tribunal de Cuentas, que indica que Odebrecht no ha sido procesado patrimonialmente en esa instancia.
Igualmente, mostró una nota suscrita el 20 de enero de 2026 por Jorge Isaac Escobar, director nacional de Fiscalización General de la Contraloría, en la cual hace constar que Martinelli no está vinculado a algún daño o perjuicio al Estado.
Carrillo, de forma airada, también cuestionó la designación de Marquínez como “jueza adjunta ad honorem” del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Sostiene que esa interinidad le resta independencia y estabilidad en el cargo.
La supuesta inmunidad...
Otro argumento repetido por la defensa es que Martinelli no puede ser procesado penalmente por actos cometidos cuando ejerció como presidente de la República, entre julio de 2009 y junio de 2014. El artículo 191 de la Constitución establece que el presidente y el vicepresidente de la República solo son responsables por extralimitación de sus funciones constitucionales; por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral, y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública.
Martinelli tiene casi una década abanicando esa supuesta inmunidad. No obstante, en una audiencia del caso pinchazos, celebrada el 4 de julio de 2018, el entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía negó la nulidad del proceso basado en el artículo 191 de la Constitución, ya que advirtió que la Carta Magna no establece inmunidad alguna para los presidentes de la República, “antes, durante o después de haber sido elegidos”. Desde entonces, ni un tribunal ha dado una interpretación distinta que pueda favorecer la versión de Martinelli.
A propósito de inmunidades, Carrillo también hizo referencia al presunto fuero que Martinelli tenía en el quinquenio 2014-2019, cuando fue juramentado como diputado del Parlacen. Según el abogado, esa inmunidad fue burlada cuando empezó la instrucción del expediente.
Toffoli y Drousys
Carrillo también alzó la voz para reclamar que se están utilizando documentos enviados por Brasil, a pesar de que, en el año 2024, el juez José Diaz Toffoli anuló las pruebas aportadas por los delatores de Odebrecht, una decisión que ha sido muy cuestionada en ese país, pero de la que se ha aprovechado Martinelli y el también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), otro acusado por este caso que deberá ser enjuiciado por la Corte Suprema, ya que la juez Marquínez no tiene competencia porque ahora es parlamentario centroamericano.
Igualmente, Carrillo recalcó que en el sistema Drousys, que protegía (con contraseñas y apodos) la comunicación entre los miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en relación con los sobornos, no hay una “clasificación” sobre a quiénes corresponden los seudónimos. No obstante, en las declaraciones juradas de los delatores brasileños, todos coinciden que el apodo de Martinelli era “Aguia” y el de sus cuatro amigas íntimas, las cuales también se beneficiaron con las transferencias de la constructora, era “periquita”.
Ni una palabra sobre Rica y Kike
Carrillo, que habló por una hora, se refirió a las declaraciones de varios delatores y testigos (André Rabello, Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarhenas, Mónica Maura, Joao Santana, Mauricio Cort...) sin mencionar siquiera una de las principales pruebas que sustentan la acusación de la fiscalía: el acuerdo de culpabilidad de sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que en 2022 se declararon culpables de conspirar para blanquear por lo menos $28 millones en coimas de Odebrecht, siguiendo instrucciones de su padre, el expresidente de la República. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a Panamá copias certificadas de dicho acuerdo y de los documentos que lo sustentan; también hizo lo mismo con el acuerdo de Odebrecht, que en diciembre de 2016 acordó pagar una multa de casi $2,000 millones por utilizar el sistema financiero estadounidense para transferir los pagos ilegales.
El abogado también protestó porque la juez no permitió revelar la identidad de un testigo protegido.
Concluyó su alegato pidiendo la nulidad del proceso, la absolución de su cliente, la suspensión de las medidas cautelares y el rechazo de la solicitud de acción de responsabilidad civil anunciada por la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Martinelli siguió el desarrollo del juicio a través de la plataforma Zoom, desde Colombia, donde se asiló para no cumplir una condena de prisión por blanqueo de capitales, por otra causa ocurrida durante su mandato: la compra de las acciones de Epasa con fondos públicos, caso denominado New Business.
