Al menos 11 denuncias siguen en trámite en el Ministerio Público contra personas que presuntamente ocasionaron lesiones a miembros de la Policía Nacional y daños a la propiedad durante los enfrentamientos registrados en las jornadas de protestas que dominaron la agenda pública durante el pasado mes de julio.
Los procesos siguen pendientes, a pesar de las solicitudes de dirigentes de grupos sociales para que se dejen sin efecto.
El abogado Roberto Lucero, quien representó a manifestantes detenidos por la Policía Nacional el pasado 14 de julio en la plaza 5 de Mayo, cerca de la Asamblea Nacional, contó a este medio que 4 de las 21 personas aprehendidas ese día actualmente son objeto de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, que busca determinar si las denuncias presentadas en su contra pueden dar paso a una audiencia de imputación de cargos. Explicó que sobre sus defendidos no pesa ninguna medida cautelar.
El abogado recordó que en aquella ocasión, 17 de los aprehendidos, en su mayoría estudiantes, fueron enviados a un Juzgado de Paz y allí se les liberó a cambio de trabajo comunitario.
En Veraguas
Mientras tanto, en los enfrentamientos registrados el pasado 19 de julio en la provincia de Veraguas, la Policía Nacional aprehendió a 21 personas y algunas de ellas fueron denunciadas por presuntos daños a la propiedad, privación de libertad y lesiones personales. De acuerdo con reportes policiales, ese día seis policías fueron heridos durante enfrentamientos con manifestantes que cerraron las calles.
Durante los enfrentamientos, también se reportó el hurto de un carro patrulla de la Policía Nacional y daños a otro.
Sin embargo, varios de los que estaban en la protesta esa tarde narraron que la Policía los reprimió. “Da tristeza cómo han venido los antimotines a reprimirnos a nosotros, los veragüenses. Ellos saben que nosotros no teníamos armas”, declaró María Díaz a La Prensa.
Por esos días, también se presentó otra denuncia por presuntos daños a otro vehículo de patrullaje de la Policía Nacional frente a las instalaciones de la Universidad de Panamá.
Entre los casos que tramita el Ministerio Público también está el que se le sigue al transportista Ernesto Álvarez Pineda, de 32 años, acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de dos indígenas que bloqueaban la calle en Horconcitos, provincia de Chiriquí, hecho ocurrido el pasado 23 de julio.
Al investigado se le impuso medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país. Mientras, un juez de garantías de Chiriquí ordenó la detención provisional de Alexis Jiménez y Manuel Murillo, a quienes se acusa de impedir el paso a una caravana que transportaba alimentos hacia la capital. Ambos enfrentan cargos por la presunta comisión del delitos de privación de libertad, y están detenidos en la cárcel pública de David, Chiriquí.
