La exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña, permanecerá detenida provisionalmente por orden de la juez de garantías Lizeth Quintero.

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Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitalesLa exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña, es investigada por enriquecimiento injustificadoContraloría presenta denuncias penales contra junta comunal, cuatro exfuncionarios y una empresa

La medida fue comunicada en una audiencia celebrada este miércoles 23 de septiembre, un día después de la aprehensión de Ureña en su residencia, en Cerro Viento, San Miguelito, en un operativo denominado “Tamías”.

Más temprano, la juez imputó a Ureña los cargos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales.

La medida cautelar de detención provisional fue apelada por el abogado defensor Harry Iglesias, quien, entre otras razones, alegó que su clienta tiene 64 años de edad.

Con la imputada estaba su hijo, el abogado Luis Acevedo Ureña, exsocio y persona de confianza del exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo.

Ordenan la detención provisional de la exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña
Luis Acevedo Ureña (Der.) con el abogado de su madre Maritza Ureña, este 23 de septiembre de 2026.

Se da la coincidencia de que Carrizo también es investigado por enriquecimiento injustificado, pero en una causa que -al menos de momento...- no guarda relación con la de Ureña.

Ureña llegó a la sala de audiencia esposada y escoltada por agentes policiales a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá.

$1.01 millón
Recursos que manejó Maritza Ureña, que fueron documentos en la auditoría forense.
$585 mil
Monto identificado como de fuente conocida.
$428 mil
Monto que la exsubdirectora de la DGI no ha podido justificar.

La exfuncionaria es investigada luego de que una auditoría forense de la Contraloría General de la República encontró que, mientras ocupó el cargo en la DGI (2019-2024), manejó aproximadamente$1.01 millones, pero solo habría podido sustentar recursos de fuente conocida por unos $585 mil. La diferencia, calculada en alrededor de $428 mil, es la que permanece bajo investigación, dado que Ureña no la ha podido justificar.

Los fondos que desaparecieron

En la audiencia de este miércoles, la fiscal anticorrupción, Azucena Aizpurúa se refirió al comportamiento de las cuentas bancarias de Ureña. Contó que en abril de 2026 había $183,000 en una de las cuentas, pero ese dinero fue retirado. En otra cuenta había $247,794 al 30 de abril, pero en mayo casi no quedaban fondos. Un comportamiento similar se observó en las cuentas que Ureña mantenía en tres bancos de la localidad y que una de las entidades bancarias incluso emitió una alerta por posibles irregularidades.

También salió a relucir el nombre de Luis Acevedo, hijo de Maritza Ureña, por operaciones realizadas en efectivo. Entre los movimientos mencionados figura la compra de una camioneta RAV por poco más $30 mil, que se pagó en efectivo.

La investigación también rastrea la adquisición de aproximadamente ocho propiedades. Entre ellas hay una finca en Coclé, cuyo precio habría sido de $69 mil, pagados al contado. También aparecen otras operaciones inmobiliarias y cancelaciones de hipotecas que forman parte del análisis patrimonial de Ureña.

La fiscal mencionó que el día de su aprehensión, los agentes encontraron que en esa residencia en Cerro Viento había $800 en efectivo.

Azucena Aizpurúa, fiscal anticorrupción.

La exfuncionaria no pudo justificar los montos recibidos, que superan los $428 mil. La investigación detectó desembolsos y transferencias de dinero mediante Yappy y entre cuentas bancarias".

Milamar y Dorimar

Uno de los movimientos vinculados a Luis Acevedo corresponde a un depósito de $75,723.78 a la Fundación Milamar. Acevedo aparece como presidente de esa fundación, mientras que su madre funge como secretaria.

La fiscalía también examinó movimientos relacionados con las Fundación Dorimar, así como información contenida en declaraciones y registros ante las autoridades.

Debido a que el abogado defensor apeló la decisión de detención, se fijó para el 12 de octubre la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones.