El Tribunal Superior de Apelaciones sustituyó la medida cautelar de detención provisional en un centro penitenciario a la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña, por arresto domiciliario.
En una audiencia celebrada la mañana del lunes 12 de octubre, los magistrados Yiles Pittí, Julissa Saturno y Mauricio Marín modificaron la medida cautelar, luego de que el abogado de Ureña alegara que su defendida estaba dispuesta a entregar su pasaporte, no presentaba riesgo de fuga y no tenía posibilidad de destruir pruebas.
Ureña, quien está imputada por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, se desempeñó como subdirectora de la DGI durante el período 2019-2024. El director de aquella época era Publio De Gracia, quien también está investigado y bajo detención provisional, pero en una causa distinta.
Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, Ureña habría manejado recursos por aproximadamente $1.01 millones, pero solo habría podido sustentar recursos de fuente conocida por unos $585 mil. La diferencia, calculada en alrededor de $428 mil, permanece bajo investigación.
La investigación de la fiscalía reveló que hasta abril de 2026 había $183 mil en una cuenta bancaria, pero ese dinero fue retirado. En otra cuenta había $247,794 al 30 de abril pasado, pero en mayo casi no quedaban fondos. Un comportamiento similar se observó en las cuentas que Ureña mantenía en tres bancos de la localidad. Una de las entidades bancarias incluso emitió una alerta por posibles irregularidades.
La fiscalía también investiga la compra de aproximadamente ocho propiedades. Entre ellas figura un inmueble en Coclé, adquirido por $69 mil, pagados al contado. También aparecen otras operaciones inmobiliarias y cancelaciones de hipotecas que forman parte del análisis patrimonial de Ureña.
El artículo 351 del Código Penal establece una pena de tres a seis años de prisión por enriquecimiento injustificado. Si el monto injustificadamente obtenido supera los $100 mil, la pena es de seis a doce años. Esta última sanción podría aplicarse a Ureña si se acredita el delito y el monto investigado.
Maritza Ureña fue subdirectora de la DGI del 2 de julio de 2019 al 1 de julio de 2024.
Como subdirectora de la DGI, recibía $5,000 al mes: $3,500 de salario y $1,500 de gastos de representación.
La fiscalía ordenó la aprehensión de tres propiedades: un apartamento en Parque Lefevre y dos casas (en San Miguelito y en Villa Belén, Chigoré).
Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión provisional de un apartamento de Ureña en el PH Panama Viejo Residences, en el corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá. El inmueble fue adquirido en 2023 por $144 mil, según documentos del Registro Público.
También ordenó la aprehensión provisional de una propiedad en la barriada Villa Belén, en Chigoré, distrito de Penonomé, y de una residencia en San Miguelito, cuyo valor de compra fue de $90 mil.
Ureña es la madre de Luis Acevedo Ureña, hombre de confianza del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo. Este último también es investigado por presunto enriquecimiento injustificado, en una causa separada.
