Antonio Lin es un un contador público autorizado (CPA), ya jubilado, que por 12 años trabajó en la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
Esta oficina preparó un informe de actuación financiera, en el que se detalla cómo Odebrecht utilizó una red de sociedades, cuentas bancarias y contratos ficticios para repartir coimas a políticos, funcionarios y testaferros, a cambio de contratos con el Estado panameño, entre los años 2010-2014.
El informe se divide en tres partes. La primera describe los hechos; la segunda presenta un análisis de la trazabilidad del dinero, y la tercera enumera las conclusiones.
Este miércoles 28 de enero, Lin se presentó en el juicio por blanqueo de capitales que se desarrolla ante la juez Baloisa Marquínez, como testigo de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
El interrogatorio fue conducido por la fiscal Thalia Palacios, quien forma parte del equipo que representa al Ministerio Público en el juicio.
El perito explicó que se detectó el uso de sociedades fantasma creadas por firmas de abogados, las cuales no registraban actividad alguna.
El informe hace referencia a 114 personas naturales y jurídicas que mantuvieron relación con Odebrecht. Todos los imputados en la causa están mencionados en ese informe. De hecho, lo que contó Lin fue recogido en la vista fiscal y consta también en el auto de llamamiento a juicio adoptado por la juez Marquínez el 7 de noviembre de 2022.
Primero habló de Juan Antonio Niño, el banquero acusado por su relación con Active Capital Holding, una empresa que supuestamente realizó una consultoría a Odebrecht para el saneamiento de la bahía de Panamá. Los delatores de Odebrecht y el informe de la DIJ prueban que Active Capital Holding recibió fondos de Sherkson lnternational, una sociedad registrada en Uruguay y que era utilizada por los operadores de Odebrecht como parte del esquema societario a través del cual se canalizaron los pagos ilegales.
El perito contó que Active Capital Holding, una empresa dedicada al negocio de seguros y reaseguros, recibió transferencias de Odebrecht por $488,000 y $175,500 en enero de 2014.
También aludió a un informe del Ministerio Público de Suiza, en el cual se instruye un proceso penal contra Odebrecht. En dicho informe se detalla que Sherkson International era una sociedad de papel utilizada para mover dinero de Odebrecht.
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En la investigación también consta que, el 21 de enero de 2014, Active Capital Holding firmó un contrato de prestación de servicios con Sherkson International, representada en dicha transacción por el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeiras, quien también es enjuiciado por la juez Marquínez.
La fiscal Palacios también preguntó por la Constructora Internacional del Sur, otra sociedad controlada por Odebrecht a través del operador brasileño Olivio Rodrigues. Aunque fue creada en Panamá, no tenía registro de operaciones en el Ministerio e Comercio e Industrias (Mici) ni cotizaba cuotas patronales en la Caja de Seguro Social (CSS), pero sí aperturó cuentas en el Credicorp Bank, a través de Humberto De León, un antiguo empleado del banco. De León tiene un acuerdo de colaboración y de pena, que lo obligó a entregar $1.9 millones al Tesoro Nacional. El acuerdo también implica una pena de 60 meses de prisión.
A través de las cuentas de Constructora Internacional del Sur se movilizaron $266 millones 852 mil.
El perito también se refirió a Navin Mohan Bhatka y a MTI Corporation. Como dueño de MTI Corporation figura Heston Studies Limited, una sociedad beliceña que, a su vez, tenía un único accionista: Bhatka. De una cuenta a nombre de MTI Corporation salió un pago de $814,500, el 19 de marzo de 2014, para adquirir un helicóptero al fabricante europeo Eurocopter, con matrícula N1626L.
La nave tenía un valor total de $3.2 millones y fue puesta a nombre de la sociedad Silver Wing. En su declaración indagatoria, Bhatka contó que Luis Enrique Martinelli Linares le propuso adquirir el helicóptero, a través de Silver Wing. De hecho, la tenedora del 100% de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, una empresa de la familia Martinelli.
Otro nombre mencionado en la jornada de este miércoles fue el de la publicista brasileña Mónica Moura, quien gestionó un programa de mejoramiento de imagen del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Posteriormente, en 2013, fue asesora de la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático en las elecciones de 2014.
El perito respaldó lo que ya había contado Moura: que por esa asesoría de campaña le tocaban $21 millones: Odebrecht pagó $16 millones y CD se encargó del resto. Para estos fines se abrió una cuenta en el Banco General, en la que figuraba como proveedor la sociedad José Domingo Arias 2014.
Interrogado por la fiscal Palacios, Lin dijo en la sala que José Domingo Arias 2014 recibió depósitos por 1 millón 522 mil dólares, fraccionados en varias transacciones. Dicha sociedad recibió un depósito de Active Capital; según el perito, esos fondos venían de Odebrecht.
En su informe, el perito habló de la existencia de Shellbill Finance, S.A., cuyo beneficiario final era el también publicista Joao Santana, pareja de Mónica Moura. Según Lin, Shellbill recibió $4.4 millones de Isagon Investment, otra fachada utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas. Al final, Shellbill recibió mucho más: le llegaron $16.6 millones adicionales a través de transacciones de otras tres sociedades ligadas a Odebrecht.
Agregó que José Porta Álvarez, tesorero de la campaña de José Domingo Arias, recibió $1 millón para usar en campaña, también aportados por Odebrecht.
Sigue la madeja de sociedades y cuentas bancarias.
La fiscal Palacios también preguntó por la firma forense Rosas & Rosas. Tres personas que están o estuvieron ligados a la firma están acusados: los abogados Jorge Alberto Rosas (que fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2009-2014), Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino.
El perito explicó que en el informe de la DIJ consta que, en el año 2010, Rosas & Rosas recibió fondos por $339,000, fraccionados en varios depósitos procedentes de Innovation Research, ligada a Odebrecht. También le ingresaron hasta $2.3 millones de Constructora Internacional del Sur.
Hubo tiempo para hablar de Mauricio Cort y García, aunque este abogado, identificado en España como “testaferro” de los Martinelli, tiene un acuerdo de colaboración y de pena con la fiscalía, el cual conlleva la pena de 48 meses de prisión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años y la devolución de $1.6 millones.
La fiscalía ya anunció su intención de llamar a Cort, como testigo, una vez concluya el interrogatorio y contrainterrogatorio del perito.
Lin contó que Cort recibió fondos de Aeon Group, una sociedad controlada por Odebrecht, a través de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Igualmente, el perito señaló que dinero de Odebrecht fue utilizado para cancelar compras personales de la acusada Aurora Muradas, expareja del expresidente Martinelli. Por ejemplo, se pagaron $85,000 y $36,000 a la galería de arte Habitante y a Euroboutique (que opera la tienda Cartier), respectivamente, canalizados a través de Corporación Logística del Caribe, una sociedad controlada por Ramón Carretero que era alimentada con fondos de la Oficina de Operaciones Estructuradas.
Otra sociedad de Carretero, llamada Jiu Shun International, también captó dinero de la constructora brasileña, el cual posteriormente fue transferido a terceros.
También hubo tiempo para mencionar a Jaime Lasso y su hija Michelle.
El perito confirmó que en los informes de la DIJ consta la creación de dos sociedades en Antigua y Barbuda, las que recibieron $6.4 millones de Innovation Research Engeniering Development y Klienfield Services, ambas utilizadas por los operadores de Odebrecht para repartir las coimas.
Lin confirmó que la fundación de Lasso, llamada Don James, recibió $175,000 que después puso a disposición de un “aforado”. El perito está impedido de decir el nombre, pero se trata del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también está acusado por esta causa, pero será enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia, ya que ahora ostenta el cargo de parlamentario centroamericano.
