Yara Campo, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, es la primera testigo que declara en el juicio por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá entre los años 2010 y 2014.
Campo fue requerida por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo. Su testimonio es clave para explicar las donaciones que Odebrecht realizó a campañas electorales en los años 2009 y 2014, y cómo estas burlaron la ley electoral.
Específicamente, el interrogatorio se centró en los dineros manejados por el Partido Panameñista y por la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) en las elecciones de mayo de 2014. Arias es uno de los acusados en este caso, lo mismo que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), fundador de CD.
El Código Electoral prohíbe las donaciones de gobiernos extranjeros y sociedades que no tengan actividad en Panamá. Tampoco se permiten las donaciones anónimas, salvo aquellas que sean producto de alguna colecta popular. También sanciona a los políticos y partidos que utilizan cuentas bancarias extrajeras para financiar sus campañas. Desde 2017, se agregó que los contratistas del Estado también tenían impedido donar a los políticos y partidos.
El juicio es transmitido en directo a través del sitio web de La Prensa.
La testigo fue interrogada por la fiscal Yanisbeth Malek, quien es parte del equipo del Ministerio Público que acompaña a Morcillo.
Campo explicó que la dirección de auditoría interna del TE recibe toda la documentación y hace una comparación entre los fondos recibidos y gastados por cada campaña. Toda la documentación aportada al TE debe llevar la firma del representante legal del partido y del tesorero de la campaña.
Sobre las donaciones en “especie”, Campo dijo que todo es cuantificado, de acuerdo al valor que tengan en el mercado.
Explicó que el financiamiento privado dado para la época a los partidos políticos debía ser registrado, a fin de determinar si los fondos tenían una procedencia lícita. No había tope (ahora, es de $10 millones por cada campaña presidencial). Esa información era confidencial (ahora es pública) y entonces solo podía ser requerida como parte de una investigación penal.
En cuanto la fiscal Malek terminó su cuestionario, el abogado Arturo Sauri, defensor de Carlos Duboy, pidió contrainterrogar a Campo.
Duboy fue tesorero de la junta directiva del partido Panameñista, en el periodo investigado por la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Campo dijo que no recordaba ninguna sanción o advertencia a Duboy, por faltas o violaciones a la ley electoral. Lo mismo dijo respecto a Jaime Lasso, otro acusado vinculado al Panameñista.
Erasmo Muñoz, abogado de Lasso, preguntó a Campo si entre 2009-2014 se reportaban las donaciones a través de una declaración jurada ante el TE, a lo que la testigo contestó de forma afirmativa.
Gabriel Alvarado Far fue el segundo testigo que llamó la fiscalía. Su declaración fue objetada por Alfredo Vallarino, abogado de Aurora Muradas, expareja del expresidente Martinelli. Vallarino se opuso porque Alvarado está ligado a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares -hijos del exgobernante-, quienes son procesados por la Corte Suprema de Justicia, ya que ambos son diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ricardo Martinelli Linares también es suplente en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la juez Baloisa Marquínez desestimó la petición de Vallarino, ya que la fiscal Morcillo aclaró que sólo interrogará al testigo en lo concerniente a Muradas.
La fiscal también solicitó que el rostro del testigo no fuera visible en la pantalla de transmisión y que solo se escuche su voz. Otra deferencia es que declaró en un salón aparte y no en la sala de audiencia. Con él estaba un funcionario del juzgado.
Alvarado, que pactó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía, se identificó como un empresario y aportó detalles sobre las transacciones entre Odebrecht y la Banca Privada de Andorra (BPA). Su nombre figuró como directivo y apoderado de la sociedad Mengil International Ltd., registrada en Belice a través del abogado Ramsés García, cuyas oficinas estaban en Pueblo Nuevo. Reconoció que participó en la trama como “testaferro”, porque un amigo se lo pidió. Ese amigo es uno de los acusados.
Mengil, que llegó a tener importes por $12.8 millones en una sola cuenta, supuestamente se dedicaría a la compra y venta de combustible. De hecho, tenía un acuerdo de provisión con otra sociedad, llamada Aeon Group Inc. El acuerdo fue firmado por Alvarado y por Timothy Scorah Lynn, quien también tiene acuerdo con la fiscalía.
Alvarado aportó a la fiscalía los nombres de los beneficiarios reales de Mengil y remarcó que nunca tuvo comunicación directa con los bancos.
Alegó que nunca tuvo conocimiento de los depósitos realizados con las cuentas hasta el año 2014, cuando uno de los aforados le informó que había cambio de planes, que el negocio no se iba a llevar a cabo y que sería cerrada la cuenta bancaria en el BPA.
Alexander Allard, abogado del andorrano Francesc Xavier Pérez Giménez, un supuesto asesor financiero del BPA en Uruguay.
La defensa del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) también había manifestado interés en contrainterrogar a Campos, pero Varela no es enjuiciado por la juez Marquínez. Aunque está imputado por esta causa, Varela es procesado por la Corte Suprema, ya que (al igual que los hermanos Martinelli Linares) también parlamentario centroamericano, lo mismo que el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford.
El juicio terminó antes de la 1:00 p.m., como había dispuesto la juez Marquínez. Debe reanudar este miércoles 28 de enero, a las 8:30 a.m., con el testimonio de más colaboradores de la fiscalía: Mauricio Cort y García y Olmedo Méndez Tribaldos. También debe presentarse el perito Antonio Lin.
