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Juez llama a juicio a 198 personas por peculado en caso de compensación irregular de buses ‘diablos rojos’

El juicio se llevará a cabo a mediados de 2023.

Juez llama a juicio a 198 personas por peculado en caso de compensación irregular de buses ‘diablos  rojos’
La audiencia preliminar por la compensación irregular a propietarios de buses diablos rojos se desarrolló en el gimnasio Roberto Durán. Archivo

La jueza primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, ordenó el llamamiento a juicio para 198 personas por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a través del proceso de compensación de buses tipo “diablos rojos”. La jueza también declaró prescrita la acción penal para otras 337 personas.

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A través del auto mixto No. 10 del 12 de diciembre de 2022, la jueza Rentería concedió asimismo un sobreseimiento definitivo a favor de seis personas, a quienes se les acusaba del delito de estafa, y para otras 19 por el delito de peculado.

Por este caso, la fiscal anticorrupción Anilú Batista –durante la audiencia preliminar celebrada entre los meses de marzo y mayo pasado en las instalaciones del gimnasio Roberto Durán – había solicitado el llamamiento a juicio de 541 personas por haber recibido de manera irregular el dinero producto de la compensación de los buses “diablos rojos” para dar paso a la operación del servicio de Metro Bus.

Rentería fijó como fecha de juicio del 1 al 29 de septiembre de 2023, y como fecha alterna del 9 de octubre al 7 de diciembre de 2023, ambas audiencias a las 9:00 a.m.

En su resolución, la jueza Rentería también negó los incidentes de nulidad presentados por los abogados defensores y declaró la extinción penal para otras dos personas. El tribunal negó una solicitud de modificación de medida cautelar de impedimento de salida del país a otros tres imputados.

Durante la audiencia preliminar, la fiscalía aportó una auditoría de la Contraloría General de la República en la que se estableció la existencia de una lesión patrimonial de $24 millones.

En esa ocasión, la fiscal Batista recalcó que en este caso se formularon cargos a funcionarios de la ATTT, de la Contraloría, transportistas, representantes de las concesionarias de transporte y particulares que se beneficiaron “ilegalmente” de los fondos asignados por el Estado para la compensación de estos buses.


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