La juez de garantías Massiel Ruíz imputó cargos por el delito de peculado a siete exfuncionarias de la Junta Comunal de Belisario Porras, acusadas de formar parte de un esquema mediante el cual se malversaron unos $8 millones entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización.
Estos fondos estaban destinados para la realización de obras sociales, pero que se usaron para el pago de servicios a funcionarios, de los cuales algunos laboraban en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Asamblea Nacional.
Durante una audiencia que inició a las 11:40 a.m. y que se extendió hasta las 9:36 p.m., en el Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito, la fiscal Anticorrupción, Joana Osorio, hizo una amplia descripción del sistema que operó entre los años 2019 y 2024, y que fue utilizado para el desvío de fondos que eran entregados a través del Fondo de Asistencia del Gobierno Central, en ese momento enfocado en la entrega de recursos a la población a causa de la pandemia de la covid-19.
Osorio reveló que algunos funcionarios que laboraban en la Junta Comunal de Belisario Porras, simultáneamente ocupaban cargos en el Miviot y la Asamblea Nacional. Se conoció que entre ellos hay una persona que es esposa de un juez.
En su relato, la fiscalía detalló que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que algunos funcionarios recibieron desde 80, 77, 74, 75 y 43 cheques, por montos que van desde los $130 mil, 117 mil, $107 mil y $86 mil por supuestos servicios prestados a la Junta Comunal de Belisario Porras.
Algunos de los funcionarios de la junta comunal recibían pagos de $2,000 hasta dos veces en una misma quincena, lo que despertó las sospechas de la Contraloría.
La auditoría sostiene que $7 millones fueron destinados íntegramente al pago de servicios de los funcionarios de los que no hay registro alguno. La Fiscal dijo que no había documentos que sustenten esos desembolsos.
La Fiscalía pudo establecer que a unas 240 personas se les entregó parte de estos fondos sin que, hasta la fecha, exista un solo documento que indique el servicio prestado a la comunidad.
La fiscal también explicó que el fallecido representante de Belisario Porras, César Caballero, realizó hasta 36 peticiones a la Autoridad Nacional de Descentralización, que superaban los $100 mil, para la supuesta ejecución de obras en dicho corregimiento.
En el período 2009-2014, el corregimiento de Belisario Porras, que tenía como representante a César Caballero (asesinado el 7 de noviembre de 2023), se convirtió en la junta comunal que más fondos recibió por parte de la descentralización.
Sin embargo, la juez Ruiz declaró ilegal la diligencia de aprehensión realizada el pasado miércoles por parte de la Fiscalía, por considerar que pudieron haber sido llevadas al proceso por otra vía.
La juez Ruiz aseguró no haber escuchado por parte de la Fiscalía una justificación para la orden de conducción aplicada a las siete mujeres.
La juez Ruiz acogió la imputación presentada por el Ministerio Público para Yileikis Ramírez, Yazmin Rebolledo y Heidi Torres, a quienes aplicó la medida cautelar de detención provisional.
También imputó a Yibelis Rojas, a quien aplicó la medida cautelar de reporte los días 15 y 30 de cada mes, además de no acercarse a las instalaciones de la Junta Comunal de Belisario Porras.
Mientras que para la imputadas Elena De Gracia y Prudencia Rojas aplicó la medida cautelar de depósito domiciliario. Asimismo, aplicó la medida cautelar de reporte periódico, una vez a la semana, para Jakeline Morales.
Habla la defensa
Los abogados defensores Jacinto González Holanda Polo y Jessica Martínez aseguraron que esta es una investigación que la Fiscalía adelanta desde el año 2024, en la que ya hay otras personas imputadas y que la Fiscalía pudo citar a sus clientes para que presentaran sus descargos, pero lamentablemente nunca los citaron.
González reiteró que las siete personas aprehendidas ayer no son responsables de la malversación de los $7 millones, ya que los mecanismos de control administrativo estaban en manos del representante de corregimiento y del tesorero, y que los hoy señaladas solo cumplían una labor por la cual recibían un salario.
Por su parte, Polo destacó que los funcionarios investigados prestaron sus servicios en un momento de crisis nacional a raíz de la pandemia de la covid-19 y que fue una época en la que los controles eran más laxos por las condiciones en que estaba la población.
Los abogados de varias de las imputadas anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares aplicadas.
