La Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldó la decisión de expropiar 41 fincas en Isla Margarita, Colón, que estaban a nombre de Panama Colon Container Port (PCCP), la antigua concesionaria del puerto y el patio de contenedores en esa zona, justo en la entrada del lado Atlántico del Canal de Panamá.
El pleno de la CSJ no admitió un amparo de garantías constitucionales y una demanda de inconstitucionalidad presentados en contra del Decreto Ejecutivo No. 90 del 20 de octubre de 2025 del Ministerio de la Presidencia, mediante el cual se ordena la expropiación de las 41 fincas.
El primer fallo, relacionado al amparo, tuvo como ponente a la magistrada Miriam Cheng Rosas y fue respaldado de forma unánime por sus colegas. El recurso fue presentado por la firma T&T Despacho Legal, en representación de la empresa Landbridge Port Services (Hong Kong) Limited, una antigua socia de PCCP.
Landbridge mantiene reclamos y arbitrajes en Panamá y en Estados Unidos (concretamente, en el estado de Delaware), en el que reclama la titularidad del 50% de las acciones de PCCP.
La decisión fue comunicada a través del Edicto No.505 divulgado el pasado miércoles 8 de abril en la sede de la secretaría de la Corte.
PCCP también intentó invalidar la expropiación de las fincas a través de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo No. 90 de 2025, pero tampoco fue admitida por la CSJ.
Entre los argumentos de la magistrada Maribel Cornejo, quien actuó como ponente, para no admitir la demanda, se encuentra que esta fue presentada sin la suficiente pertinencia y especificidad.
En octubre de 2025 el presidente José Raúl Mulino ordenó la expropiación de 41 fincas en Isla Margarita, que son colindantes a dos concesiones de fondo de mar que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había otorgado a PCCP en 2013, para el desarrollo del proyecto portuario.
Ambas concesiones fueron canceladas, luego de que se documentaran varios incumplimientos contractuales por parte de PCCP, en lo que respecta al cronograma de la obra, la vigencia de las fianzas y los pagos correspondientes a la AMP, entre otras anomalías.
Sobre las fincas expropiadas por la Nación ya pesaba, desde junio de 2025, un embargo como parte de la demanda civil de Landbridge contra PCCP.
En el Decreto Ejecutivo No. 90 e 2025 (que también firma el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac), Mulino alegó “motivos de interés social urgente” para justificar la medida, cuyo objetivo es permitir al Estado panameño iniciar la construcción de una nueva facilidad portuaria en el lugar.
En varias ocasiones, el mandatario ha expresado su inconformidad por el manejo dado a esa concesión, que ha estado paralizada en los últimos años de manera intermitente.
Las tierras en litigio anteriormente formaron parte de las bases militares de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal, destacando su posterior traspaso a jurisdicción panameña.
En el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), estuvo a punto de perder la concesión, luego de que la Contraloría General de la República certificó incumplimientos, atrasos en el cronograma y el vencimiento de las fianzas.
