El artículo 217 del Código Penal establece penas de 6 a 8 años de prisión para los implicados en el delito de hurto pecuario, y la sanción podría alcanzar hasta los 10 años si la acción delictiva es cometida por un funcionario o mediante la falsificación de documentos.
También se considera un agravante el transporte de reses hurtadas o su sacrificio cerca de quebradas o fuentes de agua, así como cuando el hecho se comete con el uso de la fuerza.
Sin embargo, llevar estos casos ante la justicia no siempre resulta fácil.
El exfiscal Aurelio Vásquez relató que la investigación del hurto pecuario es una tarea compleja, ya que el delito suele cometerse en áreas apartadas y las evidencias, por lo general, están degradadas.
Vásquez también señaló que no existe personal policial especializado ni equipado para realizar las primeras diligencias que permitan preservar las evidencias para el inicio de la investigación formal.
Además, explicó que no hay un control estricto sobre el transporte de ganado, lo que dificulta determinar la procedencia de un animal; si no tiene ferrete, es imposible identificar a su propietario.
El exfuncionario detalló que se trata de una actividad delictiva con gran impacto en provincias como Coclé, Herrera, Los Santos y Chiriquí, donde existen fincas dedicadas a la cría de ganado en zonas apartadas y sin referencias claras, lo que provoca una respuesta tardía de las autoridades.
En 2024 se presentó un proyecto de ley para aumentar hasta 12 años de prisión las penas por el delito de hurto pecuario, pero esta iniciativa no alcanzó los votos necesarios para modificar la norma que sanciona esta conducta delictiva.
