El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo acudió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que se declare la nulidad de la resolución que emitió la Contraloría General de la República que la cauteló una serie de bienes dentro de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
La demanda, interpuesta por Roberto Moreno, del equipo de abogados de Carrizo, busca la nulidad de la resolución No.3757-2025-LEG/PJ de 22 de octubre de 20225 expedida por el contralor Anel Flores que ordenó la cautelación de ocho cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles ligados al exvicepresidente.
La magistrada María Cristina Chen Stanziola, ponente del caso, solicitó a la Contraloría la entrega de copias de las resoluciones No. 3757-2025-LEG/PJ, de 22 de octubre de 2025, emitida por esa entidad, con constancia de su notificación, así como copia autenticada de la resolución No. 4124-2025-LEG/UA, de 18 de diciembre de 2025, ambas firmadas por Flores, con el registro de su notificación.
El pasado 28 de enero, la jueza de garantías Oris Medina imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado a Carrizo.
En esa misma diligencia, la jueza ordenó como medidas cautelares el arresto domiciliario y el impedimento de salida del país para el exvicepresidente.
Durante la audiencia, la defensa de Carrizo presentó una advertencia de inconstitucionalidad para que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine si el proceso debe mantenerse en el juzgado de garantías o si corresponde que sea conocido por ese alto tribunal, en razón de su condición de miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pese a no haberse juramentado en el cargo.
En ese sentido, Moreno citó un fallo de 2003, emitido por el magistrado José Troyano, en el que se plantea que, en estos casos, prevalecen las normas constitucionales que establecen que tanto el presidente como el vicepresidente de la República adquieren automáticamente la condición de diputados del Parlacen una vez concluido su período.
El pasado 12 de febrero, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida de arresto domiciliario aplicada a Carrizo.
Según la fiscalía, el exvicepresidente obtuvo ingresos por la suma de $7.1 millones durante su gestión. Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron los $9 millones, lo que arroja una diferencia de $1.9 millones.
Entre los bienes cautelados a Carrizo se encuentran una cuenta en el Banco Nacional de Panamá (BNP); tres cuentas corrientes y dos de ahorro en Banco General; una cuenta corriente en Multibank y una cuenta en Prival, según consta en la resolución firmada por Flores.
También figuran al menos tres fincas en el municipio de Penonomé, provincia de Coclé. Las tres están inscritas con un valor de $500 cada una. Aunque registran el mismo valor, tienen distintas dimensiones: una mide 5,073 m²; otra, 4,461 m², y la mayor, 1 hectárea con 9,175 m².
