La juez de garantías Mónica Barrios mantuvo la medida de arresto domiciliario al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, imputado por el delito de enriquecimiento injustificado.
En una audiencia para revisar las medidas cautelares personales, que se inició a las 8:30 am de este miércoles 14 de octubre, la juez consideró que no han variado las circunstancias procesales.
La juez también recordó que fue la defensa de Carrizo la que propuso la medida de depósito domiciliario en enero pasado, cuando fue aprehendido e imputado.
También la juez consideró que los elementos presentados por la defensa de Carrizo con relación a la supuesta variación en el monto del supuesto enriquecimiento injustificado deberán ser evaluados en la fase de juicio y que este no era el momento procesal para entrar en ese debate.
Para la juez lo fundamental en la audiencia de hoy, era analizar la posible variación de las condiciones relacionadas con los riegos procesales tomados en cuenta para imponerle la medida de arresto domiciliario, pero que esas circunstancias no fueron aportadas por la defensa del imputado.
Víctor Orobio, del equipo de abogados de Carrizo, aseguró que su cliente ya tiene más de nueve meses de estar en arresto domiciliario y que la fiscalía presentado dos amparos de garantías constitucionales ante la Corte para solicitar más tiempo de investigación.
Orobio alegó que su cliente se presentó al proceso apenas conoció la existencia de una investigación en su contra, no presenta riesgo de fuga y tiene un arraigo familiar comprobado, por lo que solicitó la aplicación de una medida cautelar menos severa.
Carrizo participó en la audiencia por vía electrónica.
El día antes, el exvicepresidente acudió -esta vez sí, presencial- a una audiencia de acusación, pero la misma fue pospuesta a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que comunicó que había presentado dos amparos para extender el plazo de investigación.
Una auditoría forense de la Contraloría General de la República encontró que Carrizo obtuvo ingresos por la suma de $7.1 millones durante su gestión. Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron los $9 millones, lo que arroja una diferencia de $1.9 millones.
En la audiencia de este miércoles, el abogado Orobio argumentó que había “disminuido” la cantidad que su cliente no había podido justificar, pero la juez Barrios le advirtió que ese aspecto tenía que debatirse en un juicio.
Al respecto, la fiscal anticorrupción Patricia Herrera recalcó que el monto de la presunta lesión al Estado debe dirimirse en un juicio, con la participación de los peritos.
“Para eso es la incorporación de peritos tanto de la Contraloría General de la República como el perito privado. Son temas que se tienen que discutir a nivel de juicio”, destacó la fiscal Herrera.
