La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advirtió este viernes sobre la gravedad de la intervención del contralor Anel Flores en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto enriquecimiento injustificado del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.
La fundación advierte que la intervención de la Contraloría impidió la conclusión de una entrevista crucial por parte de los fiscales, lo que afectó directamente el curso de la investigación penal.
“Interferir en diligencias judiciales socava la institucionalidad democrática, debilita la lucha contra la corrupción y constituye obstrucción a la justicia o incumplimiento de deberes”, señaló el organismo en un comunicado.
Agregó que “los funcionarios de la Contraloría irrumpieron en un acto de investigación del Ministerio Público e impidieron que se completara la entrevista a peritos de la propia Contraloría, lo que motivó la apertura de una investigación penal”.
Sostiene que este hecho es una violación grave a la independencia de los órganos judiciales y una obstrucción a la lucha contra la corrupción.
Asimismo, el comunicado recalca la importancia de que los peritos de la Contraloría, como auxiliares de la justicia, colaboren con la verdad y la transparencia, sin obstruir los procesos judiciales.
“Los peritos de la Contraloría son auxiliares de la justicia: deben colaborar con la verdad, responder a los fiscales y someter sus informes al contradictorio, incluso si sus respuestas favorecen a la persona investigada. Bloquear o dilatar sus declaraciones, afecta directamente la capacidad del sistema de justicia para esclarecer los hechos y sancionar la corrupción de alto nivel”, señala el informe.
La Fundación manifestó su apoyo a las acciones del Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, quien ha hecho un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para garantizar el cumplimiento de la ley y frenar los intentos de manipulación política.
El organismo finaliza su pronunciamiento solicitando a las autoridades que fortalezcan el marco jurídico del país y aseguren un proceso judicial independiente que pueda sancionar adecuadamente la corrupción a nivel institucional y fortalezca la confianza ciudadana.
